Bullrich presentó un proyecto de Ley Antibarras para combatir la violencia en el fútbol
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una iniciativa que busca endurecer las penas contra las barrabravas, tipificar nuevas conductas delictivas y establecer responsabilidades para dirigentes de clubes que colaboren con estos grupos.
El lunes 17 de marzo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley Antibarras, respaldado por el presidente Javier Milei. Esta propuesta tiene como objetivo principal combatir la violencia en el fútbol argentino mediante la creación de la figura legal de "asociación ilícita deportiva", destinada a las barrabravas que cometan delitos relacionados con el deporte o sus actividades conexas.
El proyecto propone incorporar el artículo 41 sexies al Código Penal, incrementando las penas mínimas en dos tercios y las máximas en un tercio para delitos cometidos en el contexto de espectáculos deportivos o relacionados con clubes, equipos o deportistas. Entre los delitos alcanzados se incluyen homicidio, lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad, robo, hurto, daño, incendio, estrago, y tenencia y portación de armas. También se contemplan delitos relacionados con estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737.
Penalización de conductas específicas
La iniciativa tipifica y sanciona diversas conductas asociadas a la violencia en el deporte, tales como:
Portación de armas y objetos peligrosos: Se penaliza la tenencia, introducción, guarda o portación de armas blancas, piedras, botellas, instrumentos contundentes, artefactos químicos o de pirotecnia en espectáculos deportivos. Las penas se agravan si se trata de elementos inflamables, asfixiantes, tóxicos, armas de fuego o artefactos explosivos.
Alteración del orden en eventos deportivos: Se sanciona a quienes, en grupo y mediante violencia o intimidación, alteren el desarrollo normal de un espectáculo deportivo, provoquen disturbios o ejerzan presión sobre participantes u organizadores. El uso de armas, especialmente de fuego, agrava las penas.
Distribución irregular de entradas: Se castiga a organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y distribución de entradas que las proporcionen gratuitamente a miembros de organizaciones delictivas.
Ámbito Financiero
Falsificación y venta ilegal de entradas: Se penaliza la oferta y recepción de entradas falsas, así como el ingreso irregular de personas al estadio. Las penas se agravan si el delito es cometido por organizadores, protagonistas o miembros de asociaciones ilícitas.

Venta no autorizada de entradas de protocolo: Se sanciona la venta no autorizada de este tipo de entradas.
Alteración de plataformas de venta de entradas: Se penaliza la manipulación de plataformas virtuales de venta de entradas mediante tecnología informática.
Ingreso sin autorización al estadio: Se sanciona permitir el ingreso al estadio sin la entrada correspondiente o acreditación, especialmente si se trata de miembros de grupos delictivos.
Cuidado de vehículos sin autorización: Se penaliza ofrecer servicios de cuidado de vehículos sin autorización en las inmediaciones del estadio, agravándose la pena si se exige una suma de dinero.
Obstrucción de transportes hacia o desde estadios: Se sanciona impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes relacionados con espectáculos deportivos.
Creación de situaciones de peligro en estadios: Se penaliza crear o colaborar en crear peligro de aglomeración o caída de personas en el estadio.
Combate a las "barras bravas"
Se penaliza la participación en asociaciones de tres o más personas destinadas a cometer los delitos previstos en esta ley, considerándolas como asociaciones ilícitas. Las penas serán más elevadas para fundadores, cabecillas, jefes, organizadores y financiadores de estos grupos, así como para quienes obtengan provecho económico de su actividad. Las sanciones por pertenecer a la asociación se sumarán a las de los delitos cometidos individualmente.
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Prohibición de concurrencia
Se establece la inhabilitación judicial para asistir a espectáculos deportivos como pena accesoria a las sanciones por los delitos previstos en la ley, con una duración que puede variar desde seis meses hasta perpetuidad. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a prohibir administrativamente la concurrencia a espectáculos deportivos a personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública. Las personas con prohibición administrativa no podrán acercarse a menos de 1000 metros del estadio. También se establece la prohibición de concurrencia para personas imputadas o procesadas por los delitos de esta ley, con sanciones para quienes violen estas prohibiciones.
Responsabilidad de organizadores y entidades deportivas
Se contemplan sanciones penales para organizadores y protagonistas que faciliten o no denuncien la introducción de elementos peligrosos. Asimismo, se prevén multas para las entidades deportivas cuando los delitos sean cometidos por sus directivos, administradores, miembros de comisiones o empleados con su conocimiento. En casos de dolo o negligencia de los organizadores en la violación de las prohibiciones de ingreso, se podrá clausurar el estadio para el próximo encuentro oficial.
Cooperación interjurisdiccional
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normativas locales al proyecto de ley, con el fin de favorecer la cooperación interjurisdiccional en la lucha contra el crimen organizado en el deporte. Se establece el intercambio de información en materia contravencional entre las fuerzas policiales y de seguridad de diferentes jurisdicciones, facilitando la identificación y sanción de personas involucradas en hechos de violencia en espectáculos deportivos.
Derogación de la Ley N° 23.184
El proyecto establece la derogación de la Ley N° 23.184, que regulaba la prevención y sanción de la violencia en espectáculos deportivos. Según el Gobierno, la normativa vigente ha demostrado ser insuficiente para combatir la problemática de las barrabravas y sus actividades ilícitas. Con esta nueva ley, se busca cerrar vacíos legales que han permitido que estos grupos operen con impunidad.
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