El Gobierno aprueba nuevos estatutos para Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario Federal
En un paso clave hacia la modernización de las fuerzas de seguridad, el Gobierno aprobó nuevos estatutos para la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal, con el fin de optimizar recursos y enfrentar desafíos como el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.
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El Gobierno Nacional aprobó esta semana nuevos estatutos para tres fuerzas de seguridad federales: la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal. Esta reforma se inscribe en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuyo objetivo es reorganizar el Estado y reducir el gasto público, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia operativa.
Los decretos 454, 455 y 457/2025, firmados por el presidente Javier Milei y publicados en el Boletín Oficial, apuntan a adecuar el funcionamiento de estas fuerzas a los estándares actuales, respondiendo de manera más efectiva a los problemas de seguridad que enfrenta el país.
Modernización de la Gendarmería Nacional
El nuevo Estatuto de la Gendarmería Nacional, aprobado por el decreto 454/2025, reemplaza la Ley Nº 19.349, vigente desde 1971. La reforma tiene como propósito reorganizar las misiones y funciones de la fuerza, dándole herramientas para combatir delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas y el terrorismo.
Entre los objetivos de la reforma se destacan:
-Racionalización de funciones y estructuras
-Jerarquización de la carrera profesional
-Creación de un régimen disciplinario más ágil y eficaz
-Incorporación de principios de buen gobierno y transparencia
-Mejora del control interno y de la administración financiera
Además, se eliminarán normativas y funciones duplicadas, lo que permitirá reducir el gasto y mejorar la eficiencia. Gendarmería deberá presentar en los próximos 90 días las propuestas normativas necesarias para implementar estas reformas.
Transformación de la Prefectura Naval Argentina
El decreto 457/2025 modifica profundamente la Ley Nº 18.398, que regula a la Prefectura Naval Argentina desde 1969. Con la reforma, la Prefectura pasa a ser reconocida formalmente como una Fuerza de Seguridad Federal, con nuevas funciones y una estructura organizativa moderna.
Entre las nuevas responsabilidades que adquiere la Prefectura destacan:
-Participación en misiones internacionales
-Intervención en actividades de pesca y caza
-Aplicación del sistema de vigilancia y monitoreo marítimo "Guardacostas"
-Firma de convenios de cooperación con fuerzas nacionales e internacionales
Además, se modifican jerarquías, escalafones y condiciones salariales, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y adaptar la fuerza a los nuevos desafíos de seguridad.
Reformas en el Servicio Penitenciario Federal
Por su parte, el decreto 455/2025 establece un nuevo estatuto para el Servicio Penitenciario Federal, reemplazando normativas vigentes desde hace más de 50 años. Esta reforma busca modernizar el sistema penitenciario, mejorando la profesionalización del personal y la infraestructura de las cárceles.
Los aspectos más destacados incluyen:
-Incorporación de tecnología y sistemas modernos
-Mejora de la seguridad y los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios
-Desarrollo de programas orientados a reducir la reincidencia delictiva
Reestructuración de la organización interna del SPF, con la creación de nuevas direcciones generales enfocadas en temas clave como formación, bienestar y seguridad
El nuevo estatuto también prevé la reubicación de cárceles de zonas urbanas y la elaboración de un Plan de Infraestructura Penitenciaria.
Contexto de emergencia y reorganización del Estado
Estas reformas se dictan en el contexto de la Ley N.º 27.742, que declara la emergencia pública en diversas áreas y otorga al Ejecutivo Nacional facultades para reorganizar organismos estatales. El objetivo de estas reformas es optimizar el uso de los recursos, mejorar el control interno y garantizar una mayor transparencia en la administración de fondos públicos. Además, se busca reforzar la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.
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