El Gobierno avanza con el cierre de Corredores Viales y preocupa el manejo de rutas nacionales

El Gobierno nacional avanza en la disolución de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales, como parte de su plan de reorganización del Estado y reducción del gasto público. Esta medida se complementa con la decisión de cerrar también la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en el marco de un proceso más amplio que busca transferir la gestión de los principales corredores viales a manos privadas.

La iniciativa se implementará en tres etapas, comenzando con la licitación de la denominada Ruta del Mercosur, prevista para el 5 de agosto. Posteriormente, se abrirán licitaciones para otros tramos que totalizan más de 4.400 kilómetros, entre los que se encuentran las rutas nacionales 33, 35 y 188. La tercera fase incluirá otros 3.900 kilómetros que atraviesan regiones clave como Cuyo, el Noroeste, el Litoral y la Mesopotamia. Finalizada la adjudicación de todos los corredores, Corredores Viales será disuelta y se dará de baja su CUIT, completando así el proceso de cierre administrativo.

El argumento del Gobierno se basa en criterios de eficiencia y ahorro. Según cálculos oficiales, el traspaso de la administración a empresas concesionarias bajo el sistema de peaje permitiría ahorrar alrededor de 6.100 millones de dólares y garantizar un mantenimiento adecuado de las rutas mediante estándares de calidad obligatorios. El modelo prevé auditorías externas sobre el estado del pavimento, banquinas, iluminación y señalización, y permite la aplicación de multas en caso de incumplimientos por parte de los concesionarios.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémicas. Sindicatos y trabajadores de Corredores Viales —donde se desempeñan más de 3.000 personas— expresaron su preocupación por el futuro laboral del sector, al igual que los empleados de Vialidad Nacional, que sumarían unos 5.000 afectados por los cierres. Además, diversas fuerzas políticas y gobiernos provinciales cuestionan la iniciativa, argumentando que el traspaso de rutas a manos privadas podría generar desigualdad en el acceso y abandono en las zonas menos rentables. Incluso se evalúan presentaciones judiciales para frenar la medida.

Cabe destacar que Corredores Viales, a pesar de ser una empresa estatal, cerró el primer trimestre del año con un superávit de 5.200 millones de pesos y sin recibir aportes del Tesoro, lo que suma un matiz controversial a su cierre. Mientras tanto, las audiencias públicas para las distintas etapas del proceso continúan, y se espera que los tramos privatizados concentren el 80 % del tráfico vial del país.