Eliminan el asueto del 27 de junio: Milei elimina el Día del Empleado Público
El Gobierno nacional, a través del vocero Manuel Adorni, confirmó este miércoles en Casa Rosada que el tradicional feriado por el Día del Empleado Público del próximo 27 de junio será eliminado por decreto, argumentando la necesidad de equiparar la jornada laboral de los trabajadores estatales con la del sector privado
Este miércoles 25 de junio, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que, mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial, se dejará sin efecto la jornada no laborable por el “Día del Empleado Público”
El feriado, correspondiente al viernes 27 de junio, será eliminado “a partir de este año”, según precisó Adorni El argumento oficial es que el Estado no debe gozar de beneficios que no tienen los trabajadores del sector privado, más aún si ese día es pagado con fondos del contribuyente.
Con un tono enfático, Adorni justificó la decisión con un mensaje claro: “Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano, no un espacio para gozar de beneficios que no tienen los trabajadores del sector privado”.
Y remarcó: “Ese día libre es pagado con los impuestos de todos los argentinos. Es una injusticia que no podemos seguir sosteniendo”.
Un cambio de época
El vocero no sólo habló del asueto, sino que aprovechó para dejar una definición política más amplia: “La Argentina que rendía culto al estatismo es cosa del pasado. Este Gobierno cree en un Estado que allane el camino hacia la libertad de los argentinos, no en uno que se sirva de ellos”.
Este tipo de declaraciones se inscriben en una estrategia comunicacional que busca dejar claro que el Gobierno de Javier Milei no dará marcha atrás en su cruzada por reducir el tamaño del Estado.
¿Y ahora qué?
Mientras los gremios estatales aún no han emitido un pronunciamiento oficial, la medida seguramente genere reacciones en los próximos días. No se trata solo de un feriado: es un gesto simbólico en medio de un proceso de reformas profundas que afecta directamente a los trabajadores del Estado.
La pregunta que queda abierta es cómo impactará esta decisión en la moral y la relación con el sector público, históricamente con fuerte presencia sindical.
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