Juicio por YPF: el Gobierno tiene tres días para recurrir el fallo de la jueza Preska y frenar la entrega de las acciones

El juicio por la expropiación de YPF sigue siendo un tema candente en la agenda política y económica de Argentina. Este jueves, el Gobierno fue informado de un fallo de la jueza Loretta Preska, quien rechazó el pedido del país de suspender la entrega de acciones de YPF. Este fallo está relacionado con los casos Petersen/Eton y Bainbridge, donde los demandantes exigen la entrega de acciones de la petrolera como parte de la compensación por la expropiación realizada en 2012.

El Gobierno, sin embargo, tiene tres días para presentar su apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito para intentar frenar la ejecución de este fallo. Según fuentes oficiales del Ejecutivo, la Argentina no incumplirá la orden de la jueza Preska, ya que la magistrada otorgó una prórroga de tres días para permitir que el país recurra ante la cámara.

El contexto del juicio y la condena

Este juicio tiene su origen en el proceso de nacionalización de YPF, cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió la participación de Repsol en la empresa, dejando fuera a otros accionistas, como el grupo Petersen de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones. El reclamo inicial fue que la operación no cumplió con el estatuto de la empresa, ya que la nacionalización no fue tratada de la misma manera que las operaciones anteriores.

En septiembre de 2023, la jueza Preska condenó a Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación, cifra que ahora asciende a US$17.750 millones si se incluyen los intereses generados. Este fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de Petersen.

Reacciones del Gobierno y el impacto político

El presidente Javier Milei se mostró firme al sostener que el fallo no tiene validez porque, según su interpretación, viola la ley argentina. Aseguró que para que el fallo sea ejecutado, el Congreso debería aprobar una ley con el apoyo de dos tercios de los legisladores, algo que considera imposible bajo el actual contexto político.

Desde el fallo en 2023, la Argentina ha apelado la sentencia, pero la demora en el pago o el intento de alcanzar un acuerdo ha llevado a los demandantes a intensificar sus presiones. Entre las medidas adoptadas se encuentran el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, lo que tiene el respaldo de la jueza Preska, pero que ahora se encuentra bajo apelación.

Los próximos pasos y la incertidumbre

Con la apelación en marcha, la decisión final sobre la entrega de las acciones de YPF aún está por definirse. Sin embargo, este caso abre el camino para que otros acreedores del país, como Burford y Eton Park, continúen reclamando su pago con acciones de la petrolera, lo que podría generar un panorama económico complejo para Argentina.