En una jornada crítica para la administración de Javier Milei, la Cámara de Diputados debate hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que formaliza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Simultáneamente, miles de jubilados y sectores opositores se concentran frente al Congreso exigiendo mejoras en sus haberes, en medio de un imponente operativo de seguridad y tras la fuerte represión que dejó un importante saldo de heridos y detenidos, el pasado martes

Debate en Diputados sobre el acuerdo con el FMI

La Cámara de Diputados se reúne para discutir el DNU emitido por el presidente Javier Milei, que establece los términos del nuevo acuerdo con el FMI. Este pacto es crucial para la estabilidad económica del país, ya que busca obtener financiamiento para fortalecer las reservas del Banco Central y eliminar las restricciones cambiarias sin devaluar el peso. Sin embargo, la falta de claridad en las negociaciones ha generado incertidumbre en los mercados, reflejada en el aumento del riesgo país y la depreciación del peso.

Movilización de jubilados y sectores opositores

Paralelamente, una multitud de jubilados, acompañados por sindicatos, movimientos sociales y partidos de oposición, se congrega en la Plaza de los Dos Congresos. La principal demanda es un incremento en las jubilaciones mínimas, actualmente fijadas en $280.000, monto considerado insuficiente frente al costo de vida. Los manifestantes también expresan su rechazo a las políticas económicas del gobierno y al acuerdo con el FMI, al que atribuyen el deterioro de sus condiciones de vida.

Del mismo modo reclaman por una prorroga a la moratoria previsional que vence el próximo 23 de marzo.

Operativo de seguridad y advertencias oficiales

Ante la convocatoria, el Gobierno implementó un operativo de seguridad sin precedentes en la zona del Congreso. Más de 2.000 efectivos de distintas fuerzas, incluyendo Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, fueron desplegados para resguardar el edificio legislativo y sus alrededores. El perímetro se encuentra vallado en un radio de 100 metros, con restricciones de acceso para vehículos y peatones. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos para evitar su uso en posibles enfrentamientos.

En una medida inusual, el Gobierno utilizó las pantallas y altavoces de las estaciones de tren del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos. Las advertencias señalaban que "la policía va a reprimir todo atentado contra la República", buscando desalentar posibles actos violentos durante la protesta.

Preocupación por posibles incidentes

Las autoridades han manifestado su preocupación por la posible infiltración de grupos violentos en la marcha. El Gobierno denunció la presencia de barras bravas y agitadores en movilizaciones anteriores y advirtió que no permitirá más manifestaciones violentas. Por su parte, los organizadores de la protesta aseguran que su intención es manifestarse pacíficamente y que cualquier incidente será responsabilidad de las fuerzas de seguridad.