Un narco invirtió en ladrillos, vehículos y era prestamista: le embargaron $ 100 millones
Es un desprendimiento de la causa Airaldi, el chacarero entrerriano que escondía droga en su isla.
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El juez federal N° 2 de Santa Fe -subrogante-, Aldo Alurralde, procesó este martes a Adrián Claudio Bruno, un narco santafesino de 46 años, radicado en Arroyo Leyes y actualmente preso en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires.
Al margen de sus antecedentes penales, la Justicia lo considera autor del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por habitualidad. Y se ordenó el embargo de sus bienes por un total de 100 millones de pesos.
Junto a Bruno, fueron procesados tres mujeres de su círculo íntimo —su pareja actual, su ex pareja y su cuñada— además del escribano Alfredo Raúl Di Bernardo, quien habría facilitado legalmente las maniobras de ocultamiento de bienes.
A todos ellos se les fijó un embargo de 40 millones de pesos por el delito de lavado, aunque en carácter atenuado, que tiene prevista pena de multa, que va de cinco a veinte veces el monto de la operación.
Productor entrerriano
La causa, iniciada por el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez y los fiscales Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, tiene un vínculo directo con la investigación por narcotráfico que involucró al productor entrerriano Leonardo Airaldi.
El chacarero, que supo ser un conocido referente ruralista de Victoria, está acusado por esconder casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad de Puerto Gaboto, Santa Fe.
Aunque Bruno no fue formalmente imputado en aquella causa, se comprobó su presencia en el lugar poco antes del allanamiento, a bordo de una camioneta que figuraba a su nombre.
De traficante a prestamista
La investigación permitió trazar una línea de tiempo que expone el crecimiento patrimonial de Bruno desde el año 2020, financiado por ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes.
En agosto de 2023, se le secuestraron más de 400 gramos de cocaína en su domicilio y otros inmuebles relacionados.
En abril pasado fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a cuatro años y medio de prisión por tenencia de droga con fines de comercialización, siendo declarado reincidente.
A pesar de no registrar ingresos formales ni actividad comercial estable, Bruno había adquirido once inmuebles, once vehículos, y había montado un esquema informal de préstamos de dinero. Documentación secuestrada en los allanamientos incluye cuadernos con registros detallados bajo el rótulo "PRÉSTAMOS – 2023".
Los domicilios involucrados en las maniobras abarcan propiedades en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes, incluyendo casas, departamentos y una casaquinta.
Red de testaferros
Para ocultar la procedencia de los fondos y su verdadero rol como propietario, Bruno recurrió a familiares y allegadas como Agustina Inés Cabral, su pareja actual; María Soledad Mercado, madre de su hijo; y Micaela Gabriela García, hermana de Cabral.
Las tres mujeres figuran como titulares de propiedades y vehículos que, en realidad, eran controlados por Bruno. Ninguna de ellas posee capacidad económica registrada para justificar tales adquisiciones.
Según la resolución judicial, el escribano Alfredo Raúl Di Bernardo intervino directamente en tres operaciones inmobiliarias clave que permitieron blanquear activos de origen ilícito.
En su defensa, Di Bernardo negó cualquier accionar doloso, calificando su tarea como una actuación profesional "neutral". Sin embargo, el juzgado consideró que su intervención fue esencial para la concreción de las maniobras de lavado, otorgándole un rol activo y consciente en el proceso.
Una investigación que se amplía
La causa incluyó allanamientos simultáneos realizados entre agosto de 2023 y octubre de 2024, en domicilios, depósitos, cocheras y propiedades rurales, en los que se incautó numerosa documentación y vehículos —entre ellos, una Toyota Hilux utilizada por Bruno—.
También se secuestraron automóviles de distintas marcas y una motocicleta, algunos de ellos registrados a nombre de terceras personas.
El expediente judicial se originó en abril de 2023, a partir del hallazgo de cocaína en Puerto Gaboto, y derivó en una segunda causa que permitió reconstruir una red de lavado de activos que operaba desde la ciudad de Santa Fe y sus alrededores.
Aunque Bruno afirmó en su declaración que se dedicaba a la construcción, venta de autos y préstamos personales, la justicia determinó que su actividad principal era el narcotráfico y que utilizó negocios y propiedades para dar apariencia lícita a sus ingresos ilegales.
La Unidad de Información Financiera (UIF) participa como querellante en la causa, que aún no ha sido elevada a juicio oral.
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