Una computadora quemada, clave del ataque con un pico a las oficinas de la EPE

El hombre que el lunes de la semana pasada destrozó las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de la ciudad de San Jorge recuperó la libertad luego de una audiencia en la que se le atribuyeron los hechos.

El juez penal Pablo Ruiz Staiger consideró que el implicado cometió los delitos de “daño y amenazas”, ocurridos la mañana del lunes 21 de julio en dependencias de las calles San Luis y Rivadavia y en perjuicio de la EPE y al menos cuatro personas -tres empleadas y el gerente de la sucursal-.

Germán R. de 48 años, está desocupado y vive solo, en la casa que era de su abuela fallecida. Según se pudo reconstruir en el expediente, el hombre acudió en tres ocasiones a la prestataria del servicio eléctrico: primero a consultar, luego a quejarse y finalmente a romper todo.

Golpe de tensión

Su abogado particular, el Dr. Martín Durando, contó a El Litoral que su pupilo “tenía una computadora que usaba para enviar curriculum y buscar trabajo”. “Un día la quiso encender y la máquina ya no funcionaba”, entonces “la llevó a revisar y desde el servicio técnico le dijeron que estaba quemada producto de un golpe de tensión”.

Con la información suministrada por el técnico, el damnificado asiste a la EPE y realiza las consultas pertinentes.

En ese momento le ofrecen completar el formulario para dejar constancia del reclamo y solicitar el pago por el artefacto dañado, pero al momento de chequear los datos surge que no era el titular del servicio, sino que la boleta continuaba llegando a nombre de su abuela fallecida.

Violencia institucional

El defensor Durando sostiene que la empleada que lo atendió le dijo que “no podían hacer nada” para ayudarlo y que ello detonó la reacción desmedida. “Le dicen que el reclamo lo tiene que hacer el titular, que era la abuela y que no se podía hacer nada. Entonces fue hasta al auto, buscó un pico de jardinería y provocó los destrozos” que quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

A propósito, la defensa alega “violencia burocrática” como atenuante; y sostiene que “no se le puede decir que ‘no se puede hacer nada’”. Destacó que “es una actitud a la que estamos acostumbrados y -aunque no lo justificó- puede ser una causal de atenuación. No está bien que te respondan de esta manera”, apuntó.

Justicia por mano propia

En su declaración Germán R. dijo que no había amenazado a nadie, lo cual fue rebatido por el fiscal Diego Rodríguez y Barros. El representante del MPA sostiene que “hay un montón de evidencia que demuestra lo contrario” y así quedó de manifiesto en la audiencia de este lunes con las declaraciones de las víctimas.

El fiscal rechazó el acto de justicia por mano propia, “más allá de que el 99% de la gente lo apoye” a través de comentarios en redes sociales. “No estoy de acuerdo porque la justicia por mano propia no está aceptada, y no corresponde”, completó.

Previo al ingreso del imputado a la sala, el juez Ruiz Staiger escuchó a dos abogados que hablaron en nombre de la EPE, los Dres. Gustavo Tomás y Gabriel Navas, que se conectaron por zoom.

En forma presencial, declararon en carácter de víctimas las tres mujeres que realizaban atención al público y el gerente de la sucursal, quien presenciaron el ataque iracundo.

Perfil psicológico

El fiscal recordó que “según el dictamen psicológico y psiquiátrico, el acusado se encuentra apto para afrontar el proceso penal”, más allá de que se encuentra cursando un cuadro de depresión, según confirmó su abogado.

Para el fiscal Rodríguez y Barros se trató de un hecho de “daños calificados, en concurso con amenazas calificadas” que se produjeron “en una misma secuencia”. “Con respecto al pedido de prisión preventiva, entiendo que el hecho estaba probado, la autoría se encuentra acreditada y la pena en expectativa podría ser de cumplimiento efectivo”, dijo.

Finalmente el juez Ruiz Staiger ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva entre las que cuentan: 1) Fijar domicilio y someterse al cuidado de un familiar; 2) asistir cada 15 días a firmar en sede policial; 3) una prohibición de acercamiento de 200 metros a las oficinas de la EPE de San Jorge y sus empleados; y 4) la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto por otros medios.

El Litoral