Las medidas de seguridad en las penitenciarías de Santa Fe han logrado reducir significativamente el tráfico de sustancias y objetos ilícitos, según aseguró Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de la provincia.

“Lo más importante es que algunas medidas que se implementaron como un cambio respecto de los cuatro años anteriores ya están establecidas, entendidas y mantenidas. La seguridad nunca puede relajarse, porque siempre está en vilo”, afirmó en conversación con Radio Rafaela.

Controles permanentes y protocolos más estrictos

Entre los procedimientos que se han reforzado, Masneri explicó que el control de paquetes, visitas y personal penitenciario es constante. “Todos los paquetes pasan por los escáneres y son revisados por perros detectores, porque lo que es estupefaciente siempre es más complejo de identificar con tecnología. De hecho, estamos en proceso de sumar más perros a nuestro equipo”, explicó.

Las requisas permanentes también han sido claves en la transformación de las cárceles santafesinas. “Se trata de una tarea sostenida en el tiempo. No es que eliminamos los nidos de palomas una vez y nos olvidamos, o hacemos un control y luego dejamos de hacerlo. Todo se mantiene y se profundiza”, sostuvo.

Un cambio en lo que se intenta ingresar a las cárceles

Masneri aseguró que la cárcel dejó de ser un mercado rentable para el narcotráfico, lo que ha generado un cambio en las sustancias que se intentan introducir.

“Antes se veía mucho más cocaína, pero ahora encontramos alcohol etílico. La diferencia es clara: una botella de alcohol no tiene el mismo valor en el mercado negro que 100 gramos de cocaína. Esto es un indicio positivo de que las penitenciarías dejaron de ser un punto de negocios fructífero para el narcotráfico”, afirmó.

Nadie ingresa sin control, desde el gobernador hasta la última visita

Además de los controles sobre los internos y las visitas, la funcionaria destacó que todo el personal que ingresa a las unidades penitenciarias es revisado.

“El personal del Ministerio de Educación, de Salud, miembros de iglesias católicas y evangélicas, y hasta el propio gobernador si visita una cárcel, todos deben pasar por el body scan. No hay excepciones”, aseguró.

Con 11.000 presos actualmente y una proyección de 18.000 para 2027, la provincia mantiene una política de control permanente en el sistema penitenciario, con el objetivo de cerrar los canales de ingreso de sustancias ilegales y reforzar la seguridad.

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