La distribuidora de gas en Santa Fe busca ampliar 20 años más su licencia

El presidente Javier Milei podrá extender, mediante la simple firma de un decreto, por veinte años más, las licencias de las empresas distribuidoras de gas por redes en todas las privatizaciones hechas en la década del '90 en materia de distribución y trasporte del gas natural por redes.

Este martes 20 fue el turno de tres compañías distribuidoras, entre ellas, Litoral Gas que tiene hasta 2027 la exclusividad en la Provincia de Santa Fe y 7 partidos del norte bonaerense. También, de la empresa Metrogas en la zona más poblada y rentable del país que explota el área metropolitana de Buenos Aires, y lo mismo para la firma Camuzzi Gas Pampeana que comprende a esa provincia en su totalidad y casi todo el interior de la Provincia de Buenos Aires (sin contar su extremo norte y el Amba).

Salvo por Córdoba,  Mendoza y otras regiones del noroeste argentino (el noreste carece aún del servicio) se trata de tres concesiones que suman los mayores volúmenes de gas natural distribuido, de clientes y redes.

En el caso de la concesión que actúa en Santa Fe, comprende un 8% del total de usuarios residenciales del país y el 11% de los metros cúbicos consumidos.

Cabe recordar que, al igual que con la energía eléctrica, solo una parte de las tarifas que pagan los clientes de las distribuidoras corresponde a las empresas que hoy ejercieron su derecho a peticionar por una ampliación de dos décadas más de sus negocios. Antes, el gobierno central aseguró dos aspectos: un esquema de actualización por una fórmula que busca que las tarifas no se vuelvan a atrasar respecto de la inflación y un plan de Revisión Quinquenal de esos valores para que haya por fin un plan de inversiones al menos similar al que tuvo lugar en la década del '90.

Otra década

En la audiencia que esta mañana comenzó a las 9 y terminó pasadas las 11.30, expusieron las tres firmas así como funcionarios provinciales de Santa Fe y representantes de entidades de usuarios. Párrafo aparte (para una próxima publicación) merecen las intervenciones de los representantes de las cooperativas, mutuales y empresas subdistribuidoras que manifestaron con números su ahogo financiero, pese a que en muchos casos son anteriores a las privatizaciones de Carlos Menem.

Las privatizaciones de 1992 con la subdivisión y concesión de la ex Gas del Estado previeron 35 años de licencia que podrían por decreto del Poder Ejecutivo Nacional ampliarse a 10 años más. Sin embargo, producto de la aprobación de la Ley Bases pedida por el presidente libertario y aprobada por el Congreso de la Nación, en febrero de 2020 se agregó otro período igual, con lo que ahora son dos décadas las que podrán extenderse las prestaciones a cargo de las compañías mencionadas.

Exposición

El titular de Enargas Carlos María Casares presidió la audiencia pública y explicó que el Ente Nacional Regulador del Gas actúa como asesor de la Casa Rosada y que emite un dictamen que se limita a una recomendación.

Por la compañía que actúa en Santa Fe habló Daniel Molinari. "Hemos cumplido en todo momento y en exceso" con las obligaciones emanadas del contrato y el marco regulatorio, opinó.

Destacó que en 20 de los 32 años transcurridos hubo paralizaciones de obligaciones de inversiones para congelar las tarifas o diferir su actualización, lo que ha obturado el programa de obras previsto tres décadas atrás.

Dividió en tramos la concesión y así señaló que hasta 2001 (cuando estalló la Convertibilidad y la paridad cambiaria con el dólar) hubo inversiones anuales por 27 millones de dólares, expuso que esa cifra cayó a unos 5 millones de la misma moneda cuando se congelaron tarifas hasta 2016 durante el kirchnerismo y que hubo un período entre 2017 y 2019 en que se mejoraron tarifas y obras de infraestructura. Apuntó que ahora, desde 2024 sucede otro tanto y que se han programado para la concesión en Santa Fe y el norte bonaerense (más allá de quién tenga en el futuro su licencia) sumas anuales a invertir de 24 millones de dólares.

Al cabo de 32 años se han invertido, 418 millones de dólares. Y destacó que se ha operado el servicio "con calidad, eficiencia y confiabilidad" e invitó a los interesado a revisar los informes de las gerencias de Enargas publicados en su página web, donde el regulador no objeta su labor. "Hemos estado en los tres primeros lugares" de una serie de indicadores elaborados por el regulador en que se compara el desempeño de las distintas distribuidoras desde hace más de una década.

Explicó que mientras a nivel nacional en tres décadas se duplicó en promedio el número de usuarios y de localidades con el servicio "nosotros prácticamente triplicamos esos indicadores", lo mismo que en kilómetros de gasoductos.

Antes de reiterar la solidaridad de la empresa con los deudos de las víctimas fatales, los heridos y los afectados de la explosión de Calle Salta en Rosario recordó que la justicia en ninguna de sus instancias, incluida la Corte nacional, vinculó lo ocurrido con esa firma o su personal.

La Provincia brega por cambios en el marco regulatorio

En representación del Gobierno de Santa Fe, su secretaria de Energía, Verónica Geese sostuvo que debe haber "cambios en el marco regulatorio" vigente, porque "no ha dado las respuestas necesarias" en los últimos 15 ó 20 años.

"En efectos pedimos que el marco regulatorio se cumpla, pero también que debe ser revisado para atender las realidades regionales que existen en la Provincia de Santa Fe", destacó a propósito de enormes áreas que carecen del servicio.

Explicó que la expansión de gasoductos con fondos provinciales para la construcción de cinco nuevas tuberías por la empresa estatal Enerfe se encarga hoy de hacer "lo que el marco regulatorio vigente no fue capaz de resolver" en décadas pasadas y que se ha optado por el desarrollo desde el sector público ante ese panorama.

Indicó que Santa Fe debió preparase para llevar adelante estas obras, además de prever los fondos, para dar servicios en zonas muy productivas de Santa Fe a donde no "se podía esperar" que la concesión nacional lleve a cabo. La inversión inicial es de 45.000 millones de pesos.

La funcionaria formuló su apoyo expreso a las subdistribuidoras en sus reclamos que hoy "vemos con preocupación que peligra la continuidad de sus servicios" por el esquema tarifario que sufren.

"Entendemos que no se trata de apoyar o no una extensión de la actual concesión, sino remarcar que se debe hacer cumplir el marco regulatorio y que este sea mejorado para contemplar las realidades provinciales y que beneficie a los ciudadanos, a los clientes actuales y a los usuarios potenciales", que esperan algún día tener el servicio.