Elevan a juicio causa por corrupción contra exfuncionarios de la Municipalidad de Ceres
El juez penal de San Cristóbal, Juan Gabriel Peralta, desestimó los pedidos de prescripción y suspensión del juicio a prueba. Avaló la acusación del MPA y la querella por múltiples delitos contra la administración pública.
El juez penal Juan Gabriel Peralta resolvió elevar a juicio oral una extensa causa por presuntos delitos contra la administración pública que involucra a exfuncionarios de la Municipalidad de Ceres.
Entre los implicados se encuentran el exintendente Camilo Enzo Busquets (68), quien estuvo al frente de la administración durante el período 2003-2019, y sus exsecretarios de Hacienda, Betiana Godoy (45) (1/11/2004 hasta el 13/12/2018) y Lucas Sebastián Cañete (45) (11/09/2018 hasta el 9/12/2019).
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La resolución, del pasado 20 de mayo, refiere a la audiencia preliminar, realizada en dos jornadas, el 9 de septiembre y el 30 de octubre de 2024.
De dicho acto participaron el fiscal de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja del MPA Rafaela, Guillermo Loyola; el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, en representación de la Municipalidad de Ceres; y los defensores públicos Aníbal Caula y Adrián Rocca, por los acusados.
Las defensas habían solicitado la suspensión del juicio a prueba -ofreciendo donaciones y reparaciones económicas- y plantearon la prescripción de algunos de los hechos.
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Sin embargo, tanto el Ministerio Público de la Acusación como la querella rechazaron tales salidas alternativas, argumentando el carácter de funcionarios públicos de los imputados y la gravedad de los hechos. El juez Peralta coincidió con esa postura y desestimó ambos planteos.
Irregularidades administrativas y malversación
Según la acusación formal, se investiga un complejo entramado de hechos que incluyen malversación de caudales públicos agravada, incumplimiento de deberes de funcionario, fraude a la administración pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad y nombramientos ilegales.
Entre los hechos más destacados se cuentan:
- Desvío de fondos provinciales: Subsidios destinados a infraestructura sanitaria y educativa, como los provenientes del Fondo Federal Solidario (2017) y el Financiamiento Educativo (2018), no fueron correctamente rendidos ni utilizados según lo estipulado, generando cargos e intimaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
- Aportes sindicales retenidos y no depositados: Se retuvieron aportes al SITRAM, FESTRAM y AMFESTRAM sin su correspondiente transferencia, acumulando deudas millonarias e intereses.
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- Ocultamiento de deuda en el traspaso de gestión: En diciembre de 2019, al concluir la gestión de Busquets, se habrían omitido de manera intencional pasivos significativos en los informes oficiales de transición.
- Contrataciones irregulares: Se dividieron contrataciones de obras públicas para evitar licitaciones y se adjudicaron obras a empresas ligadas a funcionarios, sin intervención de la Junta de Compras.
- Nombramientos sin concurso: Busquets habría designado a varios empleados —incluyendo a la propia Godoy y al imputado Cañete— en planta permanente sin el llamado a concurso ni cumplimiento de requisitos legales.
El juicio avanza
El juez Peralta dio por admitida la acusación del MPA y de la querella, habilitando la realización del juicio oral.
También admitió la prueba ofrecida por la fiscalía, que incluye declaraciones de más de una decena de testigos clave, entre ellos la actual intendente y denunciante Alejandra Dupouy, el secretario de Hacienda Miguel Ángel Andrada, autoridades del Tribunal de Cuentas, del Nuevo Banco Santa Fe y de sindicatos municipales.
También se sumaron como prueba diversos documentos contables, presupuestos municipales, registros de pagos y material audiovisual sobre las obras adjudicadas.
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La causa refleja el presunto desvío de fondos públicos y maniobras administrativas irregulares sostenidas durante los años en que Busquets fue intendente (2003-2019) y estuvo al frente de la administración local.
La decisión del juez marca el cierre de la etapa preparatoria y abre el camino a un juicio oral cuya fecha de realización será oportunamente programada por la Oficina de Gestión de los tribunales de San Cristóbal.
El Litoral
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